El pasado martes tuve la oportunidad de asistir a una Jornada sobre aplicación de la Renta Básica de Inserción en nuestra Región, organizada por el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales en la Región de Murcia y la Red de Lucha contra la pobreza y la Exclusion Social (EAPN-RM). Pude conocer de cerca las opiniones e inquietudes de los profesionales en la materia, sus necesidades y reivindicaciones, pero sobre todo aprecié la preocupación de todas y todos los presentes en relación con las graves dificultades que están atravesando miles de familias en nuestra Comunidad Autónoma.

Desde luego su preocupación está justificada y los datos cantan por si solos;en nuestra Región, con un índice de paro por encima del 26 por ciento, el índice de pobreza alcanza el 36 por ciento de la población, 10 puntos mas que la media nacional; nuestro ingreso mínimo de inserción asciende a 300€, como en Ceuta, cuando la media nacional asciende a 400€; En el periodo 2004 a 2011 se han multiplicado por dos las solicitudes de dicha asignación de forma proporcional al número de prestaciones denegadas por el Gobierno Regional; la inserción laboral de estas personas se encuentra bajo mínimos ante la ausencia de políticas dirigidas a cumplir con los objetivos en la materia. La triste historia de la llamada Renta Básica de Inserción (RBI) en la Región de Murcia la protagoniza el gobierno del Partido Popular en estos últimos tiempos, acudiendo como en tantas otras cuestiones al recurso fácil de recortar por la parte mas sensible, la mas débil, la de aquellos que en esta crisis peor lo están pasando y por tanto mas necesitan de los poderes públicos. Mas de 700 expedientes de familias sin ningún tipo de ingreso están pendientes de ser abonados a sus beneficiarios sin que nadie en el Gobierno Regional haya asumido ningún tipo de responsabilidad ante esta injusticia.

Aunque hoy solo utilizan excusas de mal pagador, ni las políticas nacionales, ni la misma crisis son los factores determinantes por los que esas famillias siguen sin ser atendidas. Desde el año 2.007, fecha en la que se aprobó la Ley que regulaba la RBI, el gobierno de Valcarcel ha sido incapaz de elaborar el reglamento que debía desarrollar esa Ley, de forma que los objetivos que en la misma se planteaban han sido incumplidos reiteradamente.

Muchas fueron las intervenciones en la jornada, hubo críticas y aportaciones, pero sin duda me quedo con la responsabilidad y dedicación de las y los profesionales que convierten las dificultades y la falta de medios en un esfuerzo doble dirigido a ayudar a resolver estas dramáticas situaciones. Desde el PSRM-PSOE y desde su grupo parlamentario regional seguiremos apoyando su justa reivindicación y denunciando la insensata actuación de este desgobierno regional, porque una sociedad que no responde a situaciones como estas es una sociedad más pobre, más desigual y más injusta.

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