Familias sin hogar, jóvenes obligados a renunciar a su independencia, mayores que acogen a hijos desolados y demasiadas vidas perdidas por la desesperación. Esta es la realidad que cada quince minutos golpea a nuestro país y que al menos cuatro veces al día arrebata toda esperanza a ciudadanos de nuestra Región. Un drama lo suficientemente grave para hacernos reaccionar y ampararnos en la fuerza de la razón y la legitimidad de las instituciones para impedir que se prolongue un minuto más.
Salvo honrosas excepciones, como el decreto del gobierno andaluz por el que se expropia a los bancos los pisos deshauciados, no ha habido respuesta en otras regiones ni por parte del Gobierno de Rajoy para proteger a los afectados, y tal como auguramos en su momento, las medidas adoptadas no han conseguido frenar el problema.
Con la soberbia de la que hacen gala en este y otros temas, rechazaron una Proposición de Ley elaborada por el PSOE que introducía medidas para evitar de manera urgente más desahucios, al tiempo que articulaba medidas de prevención, mediación y resolución en el ámbito hipotecario. Apostamos en definitiva por una “Ley de Segunda Oportunidad”, como la existente en Francia o Suecia, que ofrece la posibilidad de elaborar un convenio o pacto extrajudicial entre los contratantes de la hipoteca, a través del cual se puede renegociar la deuda y continuar usando la vivienda familiar, propiciando con ello una solución realista y posible para pagar la vivienda y seguir disponiendo de un techo, dejando la dación en pago como la última solución a estas situaciones.
Sin embargo, ni las directrices marcadas el tribunal europeo, ni la ILP planteada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ni las iniciativas de la oposición, han merecido la atención del gobierno de Rajoy, que ha optado por aprobar una Ley en solitario que no satisface a nadie. Tampoco hay reacción por parte del gobierno de Valcarcel en la Región de Murcia, lo que no paralizara la voluntad del PSRM-PSOE de presentar en la Asamblea Regional una Ley de Vivienda que ampare de forma real el derecho a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra.
Se hacen precisas soluciones inmediatas y efectivas, se hace precisa la respuesta de las entidades financieras hacia los ciudadanos a las que con nuestros impuestos hemos salvado la cara para que siga sin circular el crédito ni para particulares, ni para empresas, porque, en el momento que vivimos, por encima de cualquier circunstancia la dignidad de los ciudadanos de este país se convierte en el primer valor a salvaguardar por parte de un gobierno.
Cada día que pase sin que se ataje la tragedia de las personas que se quedan sin vivienda, hará a los que tienen en su mano evitarlo responsables de todas sus consecuencias, y por ello deberán responder ante los ante la Ley y ante los ciudadanos.
No hay opción, es un mandato constitucional, una obligación de dignidad ciudadana, a la que todos nos debemos.
* Artículo públicado en el Diario La Opinión de Murcia el 21/4/2013.
