El informe que, a petición del Gobierno del PP, ha elaborado un grupo de expertos sobre el sistema público de pensiones,ha sido tachado por los agentes sociales como injusto e inaceptable. A estos se suma la voz de nuestro partido reclamando que la reforma de un tema que es parte fundamental del Estado del Bienestar, debe construirse con el mayor consenso político en el marco del Pacto de Toledo y en el social a través del diálogo entre empresarios y sindicatos.

Es incuestionable que el acuerdo es el mejor factor de sostenibilidad, pues si el sistema había gozado de solvencia desde 1995, es porque prevaleció el entendimiento en todas las decisiones: mayor contributividad, mas solidaridad, más equidad en las prestaciones, etc. Y esa posición unitaria es la que ha permitido realizar ajustes, como los del año 2011, para afrontar la evolución demográfica con el incremento de nuevos pensionistas y la mayor esperanza de vida.

Sin embargo, ahora nos enfrentamos a una situación de desequilibrio financiero producto de la masiva destrucción de empleo provocado por la crisis, una reforma laboral tóxica y un modelo productivo anquilosado. Por eso, en este momento no son necesarias reformas estructurales del Sistema de pensiones, como han dicho “los expertos”, porque hay margen temporal para incrementar los ingresos y soluciones para no tener que recurrir a reducir la cuantía de las prestaciones.

Se pueden aumentar de forma coyuntural las cotizaciones a la Seguridad Social y financiarlas complementariamente con los presupuestos del Estado. Pero sobre todo, se puede actuar sobre el mercado de trabajo y el empleo desechando esas políticas de austeridad que crean paro y que generan precariedad mediante la reducción de los salarios, consiguiendo con ello que bajen las cotizaciones con las que se financia el sistema.

Por tanto, parece evidente que existen otros intereses detrás de esas propuestas demoledoras de reducción progresiva de la cuantía de las pensiones. No es la primera vez que los bancos y las grandes compañías de seguros “asoman la patita”, detrás de estudios catastrofistas elaborados por grupos de sabios, con los que se pretende, como objetivo último privatizar las pensiones públicas, y de momento debilitar el sistema atemorizando a la gente para que ahorre en planes privados que les garanticen una vejez decente.

Pero las pensiones públicas son un derecho ganado a pulso por la sociedad española, y especialmente apreciado porque evita que una gran parte de nuestros mayores viva en la pobreza. Por eso, es necesario invertir el discurso de que las pensiones suponen una carga para las cuentas del Estado, más aún teniendo en cuenta que la mayoría de los pensionistas destinan al consumo casi la totalidad de su renta, y defender con contundencia la decisión consensuada hace años en nuestro país de mantener unos niveles de renta adecuados entre generaciones.

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