La mayor satisfacción de un político es convertir en realidad proyectos con los que hacer más fácil, o al menos más llevadera la vida de los ciudadanos. No es sencillo conseguir esto cuando se está en la oposición, de ahí que cuando se logra el consenso necesario para aprobar una iniciativa de profundo contenido social, como la de declarar nulas las cláusulas abusivas de las hipotecas, uno se sienta reconfortado y con el ánimo fortalecido para emprender nuevos retos.

En el caso que nos ocupa, la Asamblea Regional acordó recientemente, con una reseñable unanimidad, una moción del PSOE con la que pretendendíamos poner freno a uno de los graves abusos con los que la banca está golpeando a las familias que en su día contrataron préstamos hipotecarios a tipo variable, mediante la inclusión de las llamadas cláusulas “suelo”. Por aclararnos, en una hipoteca media de 200.000€ dichas cláusulas suponen a los hipotecados con el euribor a sus niveles actuales, perder entre 1.500 y 3.000 euros anuales, cantidad de la que se beneficia la entidad financiera sin qué exista contraprestación justa para el consumidor que ha firmado el contrato hipotecario.

El hecho de que cientos de ciudadanos hayan denunciado estos excesos a través de las principales asociaciones de consumidores, cuyo papel está siendo determinante en esta materia, ha permitido obtener importantes pronunciamientos judiciales dictados por las más altas instancias, poniendo negro sobre blanco las lagunas de nuestra legislación en la materia y declarando a su vez abusivas estas cláusulas por falta de transparencia, siendo precisamentela ausencia de información clara una clave fundamental en este asunto.

Sin embargo, el acuerdo del parlamento regional puede frenar estos abusos, y no sólo porque sea justo hacerlo, sino también porque nuestra legislación así lo permite. Es por tanto el momento en el que el Gobierno Regional debe asumir el mandato parlamentario, desarrollando campañas informativas, asesorando a los ciudadanos afectados y exigiendo a las entidades financieras que cesen en la inclusión de estas cláusulas.

Si gobernar es gestionar priorizando objetivos, la dificil situación que viven cientos de miles de familias que tienen enormes dificultades para cubrir sus necesidades básicas, su carácter de urgencia, debe ser la principal prioridad para la gestión política en este momento, por ello, sólo cabe la acción decidida por encima de cifras económicas, por encima de mercados o cualesquiera otras circunstancias que no sean atender a los que más lo necesitan.

Pero eso no es suficiente, además de lo anterior, hoy tenemos que conseguir algo más, tenemos la obligación de acertar, no equivocarnos, buscar los consensos más amplios posibles, escuchar mas a los ciudadanos y a los colectivos sociales, pues si lo hacemos seremos capaces de acertar, y con esta decisión lo hemos hecho de forma unánime. Parafraseando a Caballero Bonald, el otro día utilizamos el debate político para defendernos de quien lo pone en cuestión, esgrimimos la política para evitar los “desahucios de la razón” para beneficio e interés de todos los ciudadanos de la Región de Murcia.

 

* Artículo publicado en el Diario La Opinón de Murcia el 12 de Mayo de 2.013.

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