Presunción de inocencia vs. Presunción política

A finales del siglo XIX, el cancillerBismarck afirmó con respecto a su reconocida carencia de principios que, «caminar con principios venía a ser algo así como meterse por un estrecho atajo del bosque con una larga vara entre los dientes», expresión ésta que determinaba una voluntad dirigida a la conservación a ultranza del poder.

Esta frase me permite compartir esta reflexión acerca de un fenómeno que se viene produciendo en nuestra Región, y al que asistimos entre absortos e indignados, cuando contemplamos un variopinto espectáculo de intervenciones judiciales en diferentes instituciones públicas, como efecto de investigaciones que tienen por objeto determinar la existencia de delitos de corrupción política. Los socialistas de la Región de Murcia hemos venido denunciando de forma reiterada el descontrol urbanístico del que es responsable nuestra Administración regional, que ha permitido la barra libre del disparate urbanístico sin atender las necesidades reales de los ciudadanos. Tampoco, el normal crecimiento de nuestras ciudades y pueblos, así como el respeto al medio ambiente, y todo ello, para mantener a toda costa un modelo económico insostenible, que hoy se desvela incapaz de reaccionar en estos tiempos de crisis.
Como es sabido, son numerosísimos los procedimientos penales abiertos en nuestros Juzgados, en los que se está determinando si los cargos públicos implicados han aprovechado esa condición para su propio beneficio o para el de terceros en detrimento de los intereses generales. Protagonista indiscutible de esta situación lo es sin duda el Partido Popular murciano, que ha batido sin duda el record nacional de casos de corrupción política, ya que en ninguna parte del territorio nacional se da una concurrencia tan elevada de responsables políticos de un mismo partido inmiscuidos en casos de corrupción. Todo un mérito.
Siendo evidente que la existencia de estos casos tiene un enorme perjuicio para toda la sociedad murciana, hay una reflexión más allá de lo jurídico que no debemos ni podemos obviar: y es que no valen excusas de ningún tipo cuando estamos hablando de ética política de los que ostentan el poder. Es por ello, que actitudes como las que mantiene el Partido Popular en nuestra Región perjudican y mucho el concepto de la «política» que perciben los ciudadanos, acrecentándose así la cada vez más asumida sensación de estos de que la inmensa mayoría de los políticos son corruptos, con el consiguiente alejamiento entre el ciudadano y la figura del político y su actividad.
Con estas palabras no pretendo dar una visión parcial o partidista, pero sí pretendo exponer una preocupación y compartir esta reflexión como un ciudadano más que se siente progresista, y que entiende que la política es el instrumento que debe servir para resolver los problemas de los ciudadanos. Todo ello bajo los principios que inspiran nuestra democracia y que nunca deben ser quebrantados, obligados como estamos por ese contrato de confianza que firmamos cada vez que se celebran unos comicios.
Por ello, con el máximo respeto a la constitucional presunción de inocencia de los implicados en dichos procedimientos penales, la presunción política que aquí aplicamos no puede sostener que un cargo público investigado por haber cometido presuntamente delitos de corrupción en el ejercicio de su cargo, pueda mantenerse al frente del mismo ni un minuto más. Lo cierto es que su gestión, su actividad política desde ese momento, estará irremediablemente bajo la sombra de la duda. Es por esta razón por la que me pregunto: ¿qué ocurrirá si tras la dilatada instrucción de estos procedimientos y sus correspondientes juicios se demuestra la culpabilidad de estos cargos públicos? ¿No estará bajo sospecha toda la gestión que mientras tanto ha venido realizando? Y por último: ¿merecen los ciudadanos semejante falta de ética política?
La respuesta, a mi juicio, debe ser negativa desde un concepto del ejercicio de la política que no pierde de vista las reglas del juego democrático que nos hemos dado. Y ello, con el máximo respeto a los principios básicos que reconocemos como irrenunciables, esto es, cumplimiento de la ley, transparencia e igualdad de oportunidades.
Desgraciadamente, al día de hoy comprobamos con preocupación como en este asunto el Partido Popular ha tomado el otro camino, asumiendo el ideal expresado al inicio de este texto, esto es, que el gobierno, que el poder, se convierta en el fin, en el objetivo primario, cayendo de forma reiterada en la tentación de aprovechar la ventaja fugaz que les confiere no asumir su responsabilidad política. Y ello, en esa búsqueda maquiavélica del éxito inmediato, del mantenimiento del poder sea como sea, sin pensar en los negativos efectos que a la larga provoca y provocará en la misma raíz de nuestra sociedad democrática.
No les quepa ninguna duda que del mantenimiento de esa reprochable actitud, todos los ciudadanos, políticos y no políticos, saldremos perjudicados. Reflexionen sobre ello.
Artículo publicado en el diario La Verdad, el 2 de febrero de 2009
 

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