imagesCA4OH4M6Desde su formulación solemne en el siglo XVIII, el principio de separación de poderes, la idea de que las distintas funciones estatales corresponden a conjuntos de órganos (poderes) separados, independientes y equilibrados entre sí, se ha considerado un instrumento fundamental para la consecución de los objetivos del constitucionalismo, esto es, para asegurar la organización racionalizada y la limitación del Estado. 

En esa misma misma organización se han estructurado políticamente las Comunidades Autónomas en nuestro país, gobiernos autónomos y parlamentos autonómicos, poder legislativo y ejecutivo con atribuciones y competencias concretas y exclusivas.

Pues bien, en estos últimos días el Partido Popular en la Región de Murcia ha decidido romper esa razonable separación de poderes utilizando de forma intencionada la acción del gobierno con implicación indebida de determinados empleados públicos, y al Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional para sacar adelante hitos legislativos de gran calado regional de forma absolutamente apresurada e impresentable.

Por compleja que parezca, esta fusión indecente, no adquiere su máxima gravedad en  la misma agresión a la democracia parlamentaria, no, la adquiere en el hecho de que las decisiones legislativas que se van a tomar en cuestión de dos meses, van a perfilar un marco legal que mucho nos tememos no va a ir en beneficio de los intereses generales de los ciudadanos de la Región de Murcia. Sirvan de ejemplo dos de las regulaciones que van a ser objeto de debate. Una nueva Ley del suelo y una nueva ley de protección del medio ambiente en la Región de Murcia, nada mas y nada menos.

Es simplemente increíble, que despues de todo lo vivido en esta tierra, después de comprobar el fracaso de un modelo económico basado en el beneficio inmediato de unos pocos a través de la especulación con el suelo, perjudicando nuestro medio ambiente y dando lugar a una gangrena de corrupción en muchos de nuestros municipios, el Partido Popular vuelva a las andadas para cumplir con vaya usted a saber a quien. No hay justificación alguna para este abusivo y caciquil modo de proceder.

Sustraer del debate en estas materias tan sensibles a los principales órganos consultivos, no iniciar el proceso de consultas con todos los Ayuntamientos de la Región o bloquear el trabajo de la oposición parlamentaria, es simplemente un dislate propio del gobierno despótico que sufrimos y de una mayoría absoluta parlamentaria que abandona su papel de impulso al gobierno para ser un mero lacayo a su servicio.

Fue en el “Espíritu de la Leyes”, en donde el Barón de Montesquieu acuñó el concepto mismo de la división de poderes, un manual de referencia para la política en el que se recogen reflexiones gran calado para entender las distintas formas de gobierno conocidas y la relación entre ley y poder político. Quizás hay quien debiera revisarlo.

En tiempos en los que la ausencia de valores se revela cómo uno de nuestros principales problemas, siempre conviene volver a los principios, no perder de vista los fundamentos que sostienen la democracia tal y como la conocemos, y parafraseando al Barón afirmar que, “para que nadie pueda abusar del poder, es necesario conseguir, mediante la adecuada ordenación de las cosas, que el poder frene al poder.”

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