SONY DSCEl PSRM se pregunta si hay alguien gobernando la Región y piden responsabilidades políticas por incapacidad en la gestión.

La secretaria de Infraestructuras del PSRM, Mª José Lajarín y el viceportavoz parlamentario, Joaquín López Pagán se preguntan si hay alguien gobernando la Región de Murcia, al tiempo que piden responsabilidades políticas por incapacidad en la gestión. Para ambos dirigentes socialistas, las últimas noticias sobre el aeropuerto de Corvera, aparecidas con motivo del auto del Tribunal Superior de Justicia, en relación a la Ejecución inmediata del aval de 182 millones de euros, “son una fase más de este lamentable espectáculo y nefasta gestión que el Gobierno regional está llevando a cabo con este proyecto”.

Afirmaron que esta resolución pone en evidencia a la Comunidad Autónoma, que está incumpliendo su deber de velar por el interés público. “Es indudable que el Gobierno regional se equivocó con la rescisión de la concesión y debió agotar todas las opciones de consenso antes de entrar en los tribunales”.

Ante esta situación, también se preguntan qué más necesita Valcárcel para explicar en la Asamblea a los ciudadanos el desastre del aeropuerto antes de salir huyendo para Bruselas”.

En su opinión, esta es una prueba más del desbarajuste y desgobierno del Ejecutivo de Valcárcel. “Por un lado, Bernal pide que se reintegren los 182 millones del préstamo y cuando la empresa recurre esa medida, el propio Gobierno regional, con el consejero Campos a la cabeza, va contra sus propios actos y retira su petición de reintegro de los 182 millones. ¿Qué está pasando en San Esteban?”.

Ambos dirigentes socialistas añadieron que “lo único cierto es que lo que está ocurriendo con los grandes proyectos del Gobierno regional es una vergüenza, que en el caso del aeropuerto tiene ya y tendrá costes muy altos, tanto económicos como de reputación para la CCAA, que pone en riesgo la seguridad jurídica de cualquier empresa con esta actitud”.

Agregaron que “después de años de promesas, estamos sin aeropuerto, rescindimos el contrato, y ahora, asumen los ciudadanos los 182 millones sin ninguna garantía, una situación absolutamente impresentable”.

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