El sistema sanitario español se ha convertido en los últimos años en un exquisito bocado, cada vez más apreciado por su enorme dimensión para satisfacer los anhelos económicos de la derecha española en connivencia con los poderes económicos. Y para ello, nada mejor que ir desmontando pieza a pieza cada uno de los bloques con los que se ha ido construyendo gracias al esfuerzo social a lo largo de décadas. Un proceso cuidadosamente meditado:

Primero, se impuso el sistema de copago en medicamentos y servicios, después se comenzaron a privatizar prestaciones hasta llegar a los propios hospitales, paralelamente se redujeron plantillas con despidos y no renovaciones de contratos del personal sanitario, y últimamente se restringe el horario de atención o directamente se cierran servicios de atención primaria esenciales para la población. Y todo ello acompañado de cada vez mayor y más agresiva campaña a favor del aseguramiento privado.En definitiva, se inicia con el deterioro del servicio consiguiendo ponerlo en cuestión hasta tal punto que, cuando llegue a manos de quienes lo codician, que casualmente son los que lo han gestionado, haya adquirido un precio de saldo.

Segundo, este proceso se acompaña de una argumentación intoxicada de falsedades, como la falta de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud debido a un gasto sanitario incontrolado.

Estas son las claves del PP que sirven de coartada para su ataque a un sistema de salud público que es la envidia del mundo.

Pero no nos dejaremos engañar. Los datos aportados por organismos internacionales solventes, constatan fehacientemente que ese mensaje, en donde lo público debe ser relegado por obsoleto e ineficiente y los Servicios Públicos son insostenibles, simplemente es falso.

Según datos de la OMS, nuestra sanidad pública es una de las más rentables de la UE, pues siendo verdad que tenemos un elevado número de consultas, en cambio hay un número bajo de estancias hospitalarias. Este organismo sitúa el gasto sanitario español por debajo del promedio de la UE de los 15 (821 $ por habitante y año menos). Por otro lado, según la OCDE, el crecimiento del gasto sanitario en los últimos 10 años ha sido de un 2,7 por ciento anual en España frente al 4,1 por ciento de promedio en el conjunto de países de la OCDE.

No cabe duda que es preciso perfeccionar y mejorar algunos detalles de este ámbito de gestión, abaratar costes es posible y necesario, habilitando sistemas para mejorar la organización de los centros sanitarios, desarrollando una política del uso de genéricos eficiente, centrales de compra, y otras tantas medidas que en ningún caso ponga en cuestión este servicio público básico, y lo más importante no ponga en riesgo la salud del conjunto de los ciudadanos, peorotegiendo a las personas que menos tienen y que carecen de medios para adquirir los medicamentoso recurrir, como hace más de cuarenta años, al “médico de pago”.

Ante tal situación, la respuesta social en defensa de la sanidad pública, articulada por partidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales y de ciudadanos, cobra una importancia vital para ofrecer resistencia a esta deriva privatizadora. Porque lo que está en juego son servicios esenciales para el conjunto de los ciudadanos, pero de forma prioritaria para los colectivos más vulnerables, como los trabajadores, pensionistas, enfermos crónicos, discapacitados o ese sector cada vez más amplio de la sociedad que se ha visto empobrecido por la crisis y que está vinculado a otras formas de exclusión social, por la precariedad laboral y las dificultades de acceso al mercado de trabajo.

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