imageImputados, procesados, condenados… El debate está servido. La política en general y los políticos en particular, en el punto de mira de la desafección ciudadana ante la ausencia de soluciones efectivas para salir de esta crisis, lo que tiene un efecto multiplicador ante los innumerables casos de corrupción existentes que están afectando a distintos cargos públicos e instituciones de gran relevancia política y social.

Lo cierto es que el fenómeno de la corrupción política no es nuevo. Es y ha sido inherente al ejercicio del poder, del gobierno, ningún régimen político ha escapado de hechos que merecieran tal calificación, seguramente, todo ello ligado a lo que Bobbio describía como la ´naturaleza desfalleciente´ del ser humano. Los índices sociológicos son claros: el divorcio entre política y ciudadanía se mide por los centros de investigación internacionales de mayor prestigio en materia de transparencia, y en todos ellos se determina, como bien afirma Villoria, que «el principal efecto del fenómeno de la corrupción política es el deterioro de la confianza en la clase política y en la propia política como instrumento regulador, una quiebra por parte de los responsables políticos del contrato de confianza mutua entre aquellos y la ciudadanía, esto es, la quiebra de unas reglas éticas que, aunque no están escritas, forman parte de las convicciones de una buena parte de la sociedad sobre el deber ser de la actuación política».

Hasta aquí el diagnóstico. Lo siguiente es la actuación. Y es así porque en este momento delicado y álgido, solamente la reacción y puesta en marcha de las medidas adecuadas en el momento preciso nos permitirá recuperar la confianza de los ciudadanos en la política. Esas decisiones son variadas y de diverso alcance: ahondar en el máximo desarrollo de los planteamientos del gobierno abierto, del verdadero impulso a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos o la estricta aplicación de las leyes de transparencia, son retos de futuro para cualquier cambio serio en la forma de entender la nueva política.

Pero, además, apostar por la limpieza en democracia requiere valentía, responsabilidad y, sobre todo, entender que por encima de cualquier interés particular está siempre el interés general, y por encima de cualquier situación individual está el máximo nivel de exigencia ética aplicable a aquel que ejerce el servicio público.

Asistimos en nuestro país y en particular en la Región de Murcia a un rosario de casos de corrupción política, que afectan fundamentalmente al Partido Popular, y que en los últimos tiempos ocupan la mayoría de las portadas de los medios de comunicación, en un espectáculo poco edificante para cualquier ciudadano de bien.

No es de recibo que un Gobierno regional tenga hoy en su seno a dos consejeros investigados por presuntos actos de corrupción política, un delegado del Gobierno en las mismas condiciones, una diputada regional con sentencia de condena y los dos alcaldes de las principales ciudades de la Región, por poner algunos ejemplos, sin que nadie asuma responsabilidad alguna, atacando a fiscales y a jueces, amparando la ausencia de decisiones tras la presunción de inocencia o debido a la considerable lentitud de la Justicia.

El Partido Popular se equivoca, el cortoplacismo les ciega y dañan con su actitud la democracia, extendiendo la mancha sobre toda la clase política. No es una cuestión de presunción de inocencia; es una cuestión de decencia. Debemos serlo y parecerlo. Aquellos que ostentamos un cargo público, y que en muchos casos percibimos un salario público, tenemos ese nivel de exigencia superior al de los demás ciudadanos, pues tomamos decisiones que les afectan y estamos obligados a defender el interés general, a dar cuentas, a actuar de forma ejemplar y a responder cuando la sospecha se cierne sobre esa actuación.

La constitucional presunción de inocencia lo es ante los tribunales; la presunción política lo es ante los ciudadanos, desde los valores, desde la ética, demostrando con firmeza que no caben, no ya los corruptos, sino tampoco los sospechosos de serlo en el seno de la política, porque eso nos perjudica a todos sin excepción.

No nos lo podemos permitir. Como tampoco podemos permitir que sigan extendiéndose privilegios o protecciones especiales en forma de aforamientos universales, que nada tienen que ver con la figura de la necesaria inviolabilidad del parlamentario respecto de los votos y opiniones que emite durante su mandato. Todos somos iguales ante la ley y no caben excepciones.

Los socialistas de la Región de Murcia lo tenemos claro. Es tiempo de decisiones, de propuestas, de un debate sereno pero urgente sobre cómo dar respuesta a este cambio imparable, con el mayor de los consensos, pero eso sí, con la permanente exigencia de responsabilidades a aquellos que miran para otro lado en dorados exilios europeos, en la búsqueda de un efímero resultado a corto plazo, a costa de condenar el futuro de la democracia y de las instituciones.

*Artículo publicado el 7 de Julio de 2014 en el Darío La Opinión de Murcia.
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/07/07/region-corruptos/572210.html

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