imageEn mayo de 2012, 36 familias se alojaron en un edificio en la Ronda Norte de Sevilla, un edificio vacío, como tantos que adornan la geografía española, propiedad de una entidad financiera que como tantas otras sigue haciendo la digestión de los excesos del pasado.

Llevan desde entonces viviendo allí, son personas golpeadas por la crisis, quieren seguir adelante, tener su propia vivienda, pero nadie les da una oportunidad para trabajar. En este caso, el protagonismo de la reivindicación lo llevan un grupo de mujeres, ellas son las que sostienen una petición permanente de dignidad en el acceso a la vivienda, se dan en llamar la corrala de vecinas La Utopía y acuñaron el lema que da título a esta reflexión.

Este es un ejemplo más de las miles de personas y colectivos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que desde que la crisis comenzó a producir sus efectos más perjudiciales iniciaron un camino de reivindicación justa y necesaria, ligada directamente a la falta de respuesta política desde las instituciones para reaccionar ante el desempleo y los efectos de la burbuja inmobiliaria. Nuestra Constitución, nada más y nada menos, consagra en su artículo 47 el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna, un derecho vinculado a su consideración como una necesidad básica imprescindible para vivir con dignidad y seguridad, a desarrollar libremente la propia personalidad y a participar incluso en los asuntos públicos. Pero la pregunta es: ¿Se desarrolla de forma plena ese derecho constitucional a una vivienda digna en nuestro país? La respuesta es no.

Ciertamente la crisis inmobiliaria ha provocado unos efectos perversos y muy dañinos en esta materia, miles de personas se han visto y se ven afectadas por los desahucios y o bien han perdido su vivienda o la mantienen con muchas dificultades pero con la espada de Damocles que representa la ausencia de empleo.

Luego están las situaciones específicas. Si bien este es un problema que se extiende por todo el país, no es menos cierto que en el caso de la Región de Murcia el problema se ha agudizado. Los datos de desempleo, peores que en ninguna otra Comunidad Autónoma, el descontrol urbanístico protagonizado por el Partido Popular en la Región y la ausencia de una política de vivienda que contemple las necesidades de los ciudadanos, han dado como resultado que los desahucios sigan creciendo y que se sigan viviendo situaciones dramáticas, impropias de una sociedad moderna como la nuestra.

Ante este estado de cosas, desde el Parlamento regional hemos intentado incitar al Gobierno regional del PP para que reaccionara ante esta situación, pero todo ha sido inútil; el rodillo pasó por encima de nuestras iniciativas y, pegados al mantra de culpar a los demás, han seguido mirando hacia otro lado a pesar de la gravedad de la situación.

El tiempo pone a cada uno en su sitio y el tiempo para poder cambiar este estado de cosas está a punto de llegar. Sin duda, los ciudadanos, los colectivos, han dado un ejemplo de lucha, un ejemplo de dignidad, y en reconocimiento a dicho esfuerzo esta pasada semana el Partido Socialista de la Región de Murcia e Izquierda Unida-Verdes presentamos una Proposición de Ley de Vivienda conjunta, que simplemente persigue ser la voz de esos ciudadanos afectados, de esos colectivos ejemplo de ciudadanía.

Gravar las viviendas vacías en poder de las entidades financieras, parar los desahucios y garantizar el derecho a los suministros básicos vitales de cualquier familia afectada por la crisis son prioridades de su reivindicación y así se han recogido en una Ley que representa esa utopía, ese anhelo de construir una sociedad más justa y más solidaria. Enfrente, tendremos a aquellos que sin el más mínimo interés por estos problemas en toda la legislatura, ahora reaccionan ante esta iniciativa y a buen seguro la impedirán, pero tiempo al tiempo, pronto la utopía será realidad.

 

*TextoProposición de Ley reguladora del derecho a la vivienda.

Ley de Vivienda def Ene 2015 _1_

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