Esta pregunta que repetí en varias ocasiones en el último debate que tuvimos en la Asamblea Regional, daba sentido a los argumentos del Grupo Parlamentario Socialista y fundamentaban nuestra oposición a la modificación de la Ley del Transporte Público que el Partido Popular proponía, y que no era más que una medida de favor para arreglar lo que hoy se demuestra no tiene arreglo.

Con ello, intentaba hacer ver a sus “señorías populares”, que no debíamos tomar decisiones en esa materia que no estuvieran directamente relacionadas con el interés general de los ciudadan@s, y que el gobierno regional no podía seguir mirando para otro lado ante la situación por la que atraviesa el transporte público por carretera en la Región, tras años de mala e incompetente gestión del gobierno de Valcárcel.

Por supuesto, en su línea habitual, el Grupo parlamentario del Partido Popular desoyó nuestros argumentos y alternativas, y aprobó una prórroga ilegal a determinadas empresas concesionarias, entre ellas al Grupo Latbus, utilizando, una vez más, la crisis como excusa, y escondiendo la verdad de la situación a la ciudadanía. Llegados a este punto, no cabe duda que ha sido la deficiente respuesta de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Murcia (Valcárcel vs. Cámara), ambas gobernadas por el Partido Popular desde hace mas de 17 años, la principal causa de la asfixia económica que están sufriendo estas empresas, hasta el punto de dejarlas en un callejón sin salida.

No es nuestra función juzgar la gestión de empresas privadas, no conocemos con exactitud que parte de la responsabilidad tiene el Grupo Latbus en su actual situación concursal, pero lo  que sí tenemos claro es que estamos obligados a defender en el parlamento regional los intereses generales de los ciudadan@s de la Región de Murcia, y por tanto, el servicio público de transporte en el que se invierten cada año millones de euros de dinero público.

De esta forma, nuestro planteamiento era y es bien sencillo. La defensa de los usuari@s del transporte público pasaba por la concesión de estas prórrogas, sí, pero obligando a estas empresas a mantener los puestos de trabajo y condiciones laborales de sus trabajadores, pues de lo contrario el servicio público sería inviable. El Grupo Popular votó en contra de esta propuesta, argumentando que salvando a las empresas se solventaba el problema.

Hoy, lamentablemente constatamos que teníamos razón, y no nos queda más que mostrar nuestro apoyo a los trabajadores del Grupo Latbus, que hoy han sido despedidos por manifestarse en el ejercicio de sus derechos laborales contra la situación a la que les aboca la empresa a la que el PP salvó en aquel debate. Mientras, los ciudadan@s siguen pagando su incompetencia.

Me pregunto y les pregunto otra vez, ¿salvamos a los ciudadanos o a las empresas?…

 

En este link https://www.youtube.com/watch?v=xLZFn3CTJSQ, podéis ver mi intervención en la Asamblea Regional en dicho debate.

 

 

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